viernes 30/7/21

Casi 71.000 trabajadores continúan en ERTE en las Islas

Canarias sigue siendo la Comunidad Autónoma con más trabajadores en esta situación, los cuales representan el 9,3 por ciento de los afiliados a la Seguridad Social en el Archipiélago, según el último Informe de Coyuntura Socioeconómica de Junio de 2021 de la Confederación Canaria de Empresarios

Casi 71.000 trabajadores continúan en ERTE en las Islas
Casi 71.000 trabajadores continúan en ERTE en las Islas

A juzgar por la evolución más reciente de los principales indicadores económicos, la recuperación de la economía mundial ha cobrado una mayor robustez al cierre del segundo trimestre del año, beneficiada, en su mayor parte, del fuerte avance en los programas de vacunación que ha permitido una mayor estabilización de los datos sanitarios, y con ello, dar continuidad al levantamiento gradual de las restricciones en la mayoría de los países.

Por otro lado, la marcada divergencia existente entre los distintos sectores y países que se advertía durante el primer trimestre del año y comienzos del segundo, parece haber comenzado a reducirse como consecuencia de la reactivación cada vez más generalizada de la demanda y, en el caso de las economías emergentes, por el aumento de los precios de las materias primas y otros bienes de exportación, que han permitido a una gran parte de estas economías retomar en mayor medida la actividad, a pesar de que en muchos de estos países la situación sanitaria todavía continúa sin estabilizarse. 

No obstante, esta fase expansiva en la que parece adentrase la economía mundial sigue estando sujeta a diversas incertidumbres y riesgos como un posible repunte de la presión hospitalaria derivada de las nuevas cepas del virus potencialmente más contagiosas o la persistencia de las dificultades de abastecimiento que se están confrontando desde el lado de la oferta durante los últimos meses, debido principalmente a retrasos en el suministro de insumos en el sector industrial y la indisponibilidad de mano de obra en algunos países, una conjunción de factores que pudieran dificultar la consolidación de la recuperación económica durante los próximos meses.

En estrecha relación con esto último, los crecientes desajustes entre la oferta y la demanda de bienes y servicios que ha venido presentando la economía mundial en los últimos meses han traído aparejado un nuevo repunte de las presiones inflacionistas, derivadas en su mayor parte del fuerte efecto rebote de la comparación de los precios de la energía con respecto a los mínimos históricos de comienzos de la pandemia, pero a lo que se ha sumado también las presiones generadas entre la fortaleza creciente de la demanda y las dificultades que está observando la oferta para abastecerla.

Estados Unidos continúa siendo el país en donde más se han acentuado las presionas inflacionistas, constatándose un nuevo incremento interanual del IPC en junio del 5,4% y del 4,5% en la componente subyacente, resultados cuatro y siete décimas superiores al dato de mayo, y sus valores máximos desde mediados de 2008. No obstante, se espera que la inflación estadounidense se vaya moderando de manera gradual tras el verano a medida que las distorsiones desde el lado de la oferta se atenúen.

Todo ello en un escenario en el que, en cualquier caso, los riesgos de sobrecalentamiento sobre su economía se han visto incrementados sustancialmente en las últimas semanas y que pudieran llevar a la FED a adelantar una subida de los tipos de interés a la segunda mitad de 2022 (en vez de principios de 2023) y a reducir su programa de compras netas de activos a finales de este año.

En cuanto a China, la información económica más reciente refleja una desaceleración durante el segundo trimestre del año, hasta situar su nivel de crecimiento en el 7,9% interanual durante este periodo, si bien es cierto que esta se habría producido tras registrar un fuerte aumento del 18,3% interanual en el primer trimestre.

En cualquier caso, los datos de actividad de junio de la economía china apuntan a que esta ha seguido manteniendo el buen tono de los meses anteriores, lo que ofrece a las autoridades de este país un amplio margen de maniobra para seguir relajando sus políticas de estímulo y sin que ello debiera afectar a las expectativas de crecimiento de su economía.

Con respecto a la Eurozona, como ya se había venido advirtiendo en los meses anteriores, el levantamiento paulatino de las restricciones gracias al avance en el ritmo de vacunación ha implicado una importante mejora de los indicadores de actividad al cierre del segundo trimestre del año, especialmente en los sectores que hasta ahora habían quedado más rezagados en la recuperación.

Una tendencia positiva que pudiera consolidarse en los próximos trimestres, si bien no debe perderse de vista que los problemas de suministros existentes en las cadenas globales están comenzando a ocasionar un importante aumento de los costes del sector productivo europeo, lo que en un escenario de fuerte reactivación de la demanda, pudiera traducirse en un repunte de la inflación de la zona en los próximos meses.

En este escenario, el BCE ha anunciado un cambio en su estrategia de política monetaria, fijando un nuevo objetivo de inflación simétrico del 2,0%, con el que se permitirían fluctuaciones transitorias y moderadas de los precios por encima de este nivel si fuese necesario y sin que ello deba llevar aparejado una subida de tipos o una retirada de estímulos, lo que otorgará una mayor flexibilidad al BCE para combatir periodos de crisis como el actual.

En lo que respecta a España, los indicadores de actividad al cierre del segundo trimestre del ejercicio parecen mostrar una recuperación algo más sostenida gracias al relajamiento de las restricciones y el aumento en el ritmo de vacunación. Una mayor dinamismo que, sin embargo, pudiera verse frenado debido el creciente aumento de los contagios en nuestro país a lo largo de las últimas semanas.

Atendiendo a los datos más recientes del mercado laboral de nuestro país se aprecia un repunte de la afiliación a la Seguridad Social de 36.012 trabajadores al cierre del mes de junio, lo que supone un incremento del empleo 0,2% con respecto a mayo.

De igual modo, si comparamos los datos de afiliación de junio con los registrados previamente a la irrupción de la pandemia, se observa un avance de 1.105 efectivos en comparación con los registrados en febrero de 2020, aunque se debe recordar que el 2,3% de los afiliados en el conjunto del país permanece todavía afectado por un ERTE (447.800 personas).

En lo que se refiere al paro registrado, los datos de junio evidencian un descenso del 4,4% mensual y del 6,4% interanual, 248.544 desempleados menos que en junio de 2020. Sin embargo, si atendemos a las cifras previas a la pandemia se sigue poniendo de manifiesto un abultado incremento del 11,4%, en comparación con el segundo mes del pasado ejercicio, que se traduce en 368.292 desempleados más.

En lo que atañe al mercado laboral de Canarias, los datos de afiliación a la Seguridad Social a último día del mes de junio siguen evidenciando las marcadas divergencias que presenta la recuperación del empleo en el Archipiélago frente al resto del Estado.

No en vano, y a diferencia de lo sucedido en el conjunto del país, al cierre del sexto mes del año se habrían destruido 9.605 puestos de trabajo en las Islas, un retroceso mensual del 1,2%, mientras que, con respecto a febrero de 2020, la afiliación se distancia en 54.708 trabajadores con respecto a los datos anteriores al inicio de la crisis sanitaria, una caída del 6,7 por ciento.

El conjunto de los servicios continúa acusando el mayor impacto de la pandemia, con 54.974 afiliados menos, y dentro de este sector, la actividad privada en ramas como la “Hostelería”, el “Comercio”, los “Transportes” y las “Actividades administrativas”, continúa perdiendo empleo.

Tal es así que solo en estas ramas, la afiliación se ha reducido en 53.459 efectivos entre los meses de febrero de 2020 y junio de 2021.

Mientras, las ramas más vinculadas al sector público continúan arrojando valores positivos con respecto a los datos de febrero de 2020, constatándose un nuevo repunte de la afiliación de 6.861 efectivos en “Sanidad” y de 1.778 afiliados en la “Administración pública”, durante el sexto mes del año.

En cuanto al resto de sectores, el total de efectivos inscritos en la agricultura y la industria se mantiene en valores inferiores a los contabilizados antes de la pandemia, con 1.157 y 938 trabajadores menos, respectivamente, mientras que, por el contrario, la construcción contabilizó 2.361 empleos más en comparación con el dato de febrero del año pasado.

Por otro lado, es importante recordar que en Canarias aún se mantienen en situación de ERTE un total de 70.951 efectivos, esto es, el 9,3% de los afiliados a la Seguridad Social en el Archipiélago, lo que la sitúa, un mes más, como la comunidad con más trabajadores afectados por un ERTE del total nacional.

En lo relativo al paro registrado, lo datos de junio constatan una disminución en el último mes del 1,1%, muy inferior a la contabilizada en el conjunto nacional (-4,4%), lo que vuelve a evidenciar la especial sensibilidad de la economía del Archipiélago al impacto del COVID-19.

En lo que se refiere a la actividad turística de las Islas, pese a la mejora de los datos sanitarios, las restricciones a la movilidad impuestas por nuestros principales mercados emisores han seguido afectando de forma determinante al sector, dificultando su recuperación.

Aunque la llegada de visitantes foráneos durante el pasado mes de junio repuntó un 40,4% mensual, hasta contabilizar un total de 224.332 turistas entrados en el Archipiélago, este resultado permanece muy alejado (-76,5%) de los 956.088 turistas que llegaron en el mes de junio de 2019.

En cuanto a los hoteles disponibles, según las estimaciones del INE, durante el pasado mes de mayo habían operativos en Canarias un total de 247 establecimientos hoteleros, lo que supone un aumento de la oferta del 6,0% en comparación con el mes anterior. No obstante, si comparamos estos datos con el número de hoteles abiertos que había en el mismo mes de 2019, se observa que la oferta alojativa en Canarias aún se sitúa en menos de la mitad de los establecimientos que habían operativos en ese mes, con una caída del 53,5 por ciento.

Esta tendencia también tiene reflejo en otros indicadores de demanda como la matriculación de vehículos, que, aunque finalizó el mes de junio con un ascenso mensual del 23,5%, todavía se registra una pérdida del 31,8% de las matriculaciones registradas en junio de 2019.

En materia de precios, los datos correspondientes al mes de junio constatan un moderado repunte del IPC en las Islas del 0,4% mensual, condicionado por la evolución al alza de los precios de los carburantes y de la tarifa eléctrica. En términos interanuales, por su parte, los precios se incrementaron en Canarias un 1,6%, frente al 2,7% registrado en el resto del territorio nacional, mientras que la inflación subyacente se mantuvo en terreno negativo con una contracción del 0,3%, lo que denota una vez más el marcado estancamiento en el que permanece el consumo de las Islas.

Todos estos resultados vuelven a evidenciar la marcada situación de vulnerabilidad que sigue atravesando la economía de las Islas, muy dependiente de sectores de actividad especialmente expuestos a las medidas de contención frente a la crisis sanitaria y que están dificultando en mayor medida el restablecimiento de la actividad y la recuperación del empleo con respecto al resto del territorio nacional y europeo.

Por lo tanto, se debe seguir insistiendo en la necesidad de que se apliquen medidas singulares para Canarias que contribuyan de manera efectiva a la reactivación real de su economía a través de medidas destinadas a garantizar la solvencia y la viabilidad de su empresas y, con ello, la recuperación del empleo.

Asimismo, será fundamental ahondar en la simplificación de trámites, licencias y permisos para que no se desincentive la iniciativa empresarial potencialmente creadora de nuevos empleos, además de que se propicie un marco legal flexible que transmita confianza y garantice la necesaria seguridad jurídica para atraer la inversión o la creación de un nuevo modelo de contrato ligado al Fondo de Recuperación y Resiliencia, con una vigencia de dos años y tipos reducidos a la Seguridad Social.

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