El Cabildo destinará este año 100.000 euros a promover en Gran Canaria el compromiso solidario de la ciudadanía con los países empobrecidos a través de proyectos de sensibilización impulsados por asociaciones y ayuntamientos que ya pueden presentarse a la convocatoria de subvenciones.
Estas ayudas para fomentar una cultura solidaria y el conocimiento de la población de la realidad de los países empobrecidos se añaden a los 120.000 euros que el Cabildo destina a acciones propias de concienciación con el programa Gran Canaria Solidaria, aparte de los 2 millones de euros para proyectos de cooperación al desarrollo, explicó el consejero de Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez.
Los temas que serán abordados abarcan las causas que perpetúan la situación de desventaja de muchas zonas del mundo, así como las consecuencias de los conflictos bélicos y de las crisis humanitarias, entre ellas los refugiados y las migraciones, incluido el punto de vista en los países de origen.
Además, el abanico de campañas podrá incluir la información sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que prevé acciones globales para la erradicación del hambre y la mejora de las condiciones de vida en el mundo, la denuncia de violaciones de los Derechos Humanos, la situación de los pueblos indígenas y la deuda externa, además del impulso de la implicación ciudadana.
La convocatoria contempla 50.000 euros para asociaciones y otros 50.000 para los municipios y está diseñada para respaldar acciones de diversa envergadura y duración, desde conferencias y seminarios a cursos de formación, campañas de concienciación y exposiciones o documentales, así como proyectos artísticos o cualquier otro formato que cumplan con los objetivos de la convocatoria.
Los ayuntamientos pueden presentar sus propuestas hasta el 24 de marzo, mientras que las asociaciones y oenegés tienen prácticamente todo el año para hacerlo.
Esta línea de acción del Cabildo entiende la solidaridad como el encuentro de personas y comunidades con un sentimiento de ciudadanía global y desde la perspectiva de que todas las personas deben tener garantizado el disfrute de sus derechos básicos, condiciones de vida dignas y libertad de movimiento.
