La erupción del volcán de La Palma, el incendio de Gran Canaria en 2019, la gestión de la pandemia por Covid-19. Si para el más común de nuestros vecinos todas estas catástrofes han evidenciado una nefasta capacidad de gestión por parte de las Instituciones públicas, a los ojos de este humilde servidor pusieron en evidencia la falta de la más mínima competencia de nuestros dirigentes para gestionar todo aquello que se salga de lo cotidiano.
En Canarias tenemos dirigentes que se han acostumbrado a trabajar bajo la dinámica del “sota, caballo, rey”, o lo que es lo mismo, a llevar sus áreas de trabajo en modo “automático”, sin advertir un posible cambio del escenario.
En este sentido, hemos sido recientemente testigos de negligentes declaraciones por parte del Director General del Servicio Canario de Salud afirmando que las decisiones judiciales impidieron que el Gobierno de Canarias, que preside Ángel Víctor Torres, enfrentara mejor la pandemia, como si fuera responsabilidad de los Jueces el crear las normas que permitan una gestión eficaz. Lo cierto es que los jueces se limitan a aplicar las leyes existentes siendo obligación de los políticos la creación de dichas normas o cambiar las existentes cuando la realidad es otra, tal y como ha sucedido a raíz de la pandemia.
Pero, si resulta imprescindible la eficiencia en la gestión de una catástrofe, es más crucial aún la gestión antes de que ésta se produzca, o lo que es lo mismo su adecuada prevención, lo que supone una reducción considerable de las desastrosas consecuencias a causa del siniestro.
Es por esto que indigna conocer que el Gobierno de Canarias desoyó completamente la alerta del Comité Científico que realiza el seguimiento del riesgo sísmico y vulcanológico de Canarias acerca de la inminente erupción del volcán de Cumbre Vieja y la necesidad de realizar una evacuación preventiva de las personas de avanzada edad y con movilidad reducida para así evitar pérdidas humanas.
Lamentablemente, no hay que irse únicamente a La Palma para ver graves y peligrosas negligencias en la gestión, ya que en la Isla de Gran Canaria también estamos siendo testigos de una situación verdaderamente alarmante, tanto por el peligro que comporta como por el estado de vulnerabilidad en el que deja a la ciudadanía, y me refiero al cierre sistemático de los Parques de Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que estamos presenciando en municipios como Arucas, Mogán o Tejeda.
Según el Cabildo de Gran Canaria, institución que gestiona el Consorcio de Emergencias, los cierres son culpa de la falta de efectivos, excusa que esgrimen al tiempo que afirman que la relación de puestos de trabajo está cubierta casi al 100%, ¿en qué quedamos? ¿Qué falla?
Falla que la Relación de Puestos de Trabajo lleva sin actualizarse desde el año 2007, por lo que no concuerda con la realidad actual ya que no refleja ni el aumento de la población, ni el crecimiento de las ciudades; falla que por una decisión política declarada ilegal por los Juzgados, los bomberos del Consorcio se ven obligados a trabajar 500 horas anuales más al año de las que deberían, lo que sumado al tiempo que dedican a hacer horas extras para cubrir la falta de personal, conlleva una carga de trabajo adicional de 900 horas anuales; fallan desde el Ejecutivo que, de tener voluntad hubieran publicado hace tiempo una Oferta de Empleo Público de al menos 70 u 80 plazas con la que solucionar el problema del Consorcio y dar seguridad a toda la población a la que se ha de prestar un servicio tan esencial como es la actuación ante una emergencia.
En definitiva, nuestros dirigentes políticos se han refugiado en la frase de “aquí nunca pasa nada” para justificar su pasividad pero olvidan que cuando pasa algo, la gente enferma, se pierden vidas, y se queman casas.
Nunca pasa nada, pero si tienes un accidente de tráfico en la carretera a la aldea tendrás que esperar a que lleguen los Bomberos de Arinaga para sacarte del coche y que la ambulancia te pueda llevar al hospital, o si hay un incendio en el Centro Comercial Mogán Mall, el tiempo de reacción de los servicios de emergencia puede ser superior a la media hora si el Parque de Puerto Rico está cerrado, como es de costumbre; o que si se vuelve a producir un incendio en Tejeda, como el que se desató en 2017 y provocó la muerte de una mujer de 60 años, tendremos que esperar a que lleguen los bomberos del Parque de San Mateo.
Los últimos tiempos nos han abierto los ojos y nos han hecho ver que en nuestra sociedad ya no tienen cabida políticos anclados en el inmovilismo y que no tienen la capacidad de adaptarse a la realidad diaria de sus vecinos, nunca pasa nada hasta que pasa, y cuando esto ocurre ya es tarde.
José Eduardo Marrero
Abogado y Concejal en el Ayto. de Arucas